Robert Raben
Como veterano del mundo de la política de Washington DC, sé demasiado bien lo fácil que es para la política destruir principios.
Y como alguien que creció en Miami justo después de la pesadilla liderada por Castro, estoy particularmente familiarizado con la forma en que la retórica populista puede preparar el camino hacia un estado totalitario atrapado en un ciclo de miedo y pobreza, por supuesto, siempre por el bien del pueblo.
Durante años he visto a Hugo Chávez seguir un curso demasiado familiar: desde el increíble arrogante que en 1998 prometió mejorar el bienestar de sus compatriotas venezolanos, resguardar sus derechos a través de una constitución renovada e imponer controles sobre la corrupción, hasta el demagogo que abolió los límites impuestos sobre los mandatos para garantizarse así la continuidad en el poder, abarrotó la Suprema Corte del país y restringió los medios de comunicación.
El poder puede llevar a la corrupción, sin dudas, y tristemente basta con mirar a Venezuela para encontrar ejemplos. Pero no son los principios de Chávez los que me conmocionan y consternan (me enferman quizá, en lugar de consternarme). Es la elite izquierdista fuera de Venezuela, que incluye a nuestro propio país, que continúa apoyando a un hombre cada vez más abierto en su desprecio por los principios básicos de una sociedad civil moderadamente liberal: estado de derecho, separación de poderes, un sistema electoral democrático, derechos humanos y libertad de expresión.
Esto es para ustedes, Hollywood: apoyar a un político, en este país o en el extranjero, simplemente por oponerse a la fuerte derecha, es un fundamento terrible para la donación responsable. Las estrategias son importantes, y mucho más cuando ponen en peligro los principios mismos que se supone que apoyan.
Las estrategias propias de Chávez son cada vez más pesadas. El pasado mes de diciembre, él encarceló a la jueza María Lourdes Afiuni luego de que ella dejara en libertad condicional a un empresario que había sido enviado a prisión sin juicio durante casi tres años, en violación de las propias leyes de Venezuela y los principios internacionales de derechos humanos.
Más o menos al mismo tiempo, el empresario Ricardo Fernández Barrueco fue encarcelado en lo que actualmente parece haber sido el lanzamiento de una nueva ronda de esfuerzos para la consolidación del poder de Chávez: el gobierno confiscó los cuatro bancos de Barrueco al igual que su compañía de distribución de alimentos y congeló sus activos. Al igual que la Jueza Afiuni, Barrueco todavía no ha tenido su día en un Tribunal (y dado el destino de la Jueza Afiuni, será necesario un jurista muy valiente para probar la verdad).
Más recientemente, Caracas se hizo cargo del octavo banco más grande de Venezuela, citando irregularidades. Una de ellas, sin duda, fue que el dueño Nelson Mezerhane es además accionista en Globovision, la última estación de televisión anti-gubernamental que quedaba en el país. (RCTV, la estación emisora pública más antigua de Venezuela, perdió su licencia para emisiones públicas en un acto de retribución política en 2007, y fue eliminada permanentemente del aire este pasado enero cuando se negó a emitir un discurso de Chávez).
Socio de Mezerhane y propietario mayoritario de Globovision, Guillermo Zuloagoa, fue arrestado por cargos de difamación el pasado mes de marzo; al igual que Mezerhane, huyó del país y se encuentra exiliado. A este exilio se unió Pedro Torres Ciliberto, otro prominente empresario cuyos tres bancos fueron recientemente confiscados por el gobierno.
Está todo dicho, Venezuela ha privatizado cerca de una docena de bancos durante los últimos meses, garantizando su control sobre aproximadamente el 30% de la industria. Estas últimas movidas complementan las adquisiciones tan anunciadas por Chávez de otros mercados clave, entre ellos el petróleo, la industria agropecuaria y las telecomunicaciones, a menudo a través de la nacionalización de activos que estaban en manos de compañías europeas y norteamericanas que habían sido invitadas a invertir en el país en años anteriores.
No es necesario remontarse tan atrás como hasta la Revolución Cubana (luego de la cual Chávez parece estar modelando su propia consolidación de poder) para ver lo que auguran estos eventos. El arresto en 2003 de Mikhail Khodorkovsky, director ejecutivo de Yukos, la empresa petrolera líder de Rusia, todavía está presente en las mentes de muchos observadores internacionales, como lo está la posterior adquisición de Putin de la compañía y el levantamiento del nuevo estado ruso autoritario.
A todos los socialistas ambiciosos que no pueden reunir demasiada simpatía por los banqueros y magnates de los medios de comunicación, los consideran las ratas de una mina de carbón (o, a los que huyeron en exilio, las ratas que abandonaron el barco que se hundía).
El uso indebido del poder por parte de Chávez y la corrupción de su gobierno nos afecta a todos, y los verdaderos populistas deberían preocuparse.
El uso indebido del poder por parte de Chávez y la corrupción de su gobierno nos afecta a todos, y los verdaderos populistas deberían preocuparse.
Hace seis meses, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos publicó un informe en el que se detalla que los principios básicos de democracia y derechos humanos son comúnmente violados en Venezuela. Desde entonces, las cosas sólo han empeorado: El índice de asesinatos es cada vez más alto. Dos bloggers fueron arrestados por haber publicado tweets, con amenazas de una censura mayor de Internet. Un decreto presidencial ha creado un “Centro de Estudio Situacional de la Nación” con amplios poderes de censura.
El mes próximo Venezuela realizará sus primeras elecciones parlamentarias en casi cinco años. La oposición intervino las últimas elecciones en protesta. Ahora está de vuelta con una fuerte campaña.
Es a la oposición de Chávez a quienes los norteamericanos que creen en la audacia de la esperanza deberían brindar su apoyo.
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